Acusación contra ministra Provoste, un antecedente peligroso

AFP Yasna Provoste es saludada por la presidenta de Chile Michele Bachelet al asumir el cargo.

Juan Guillermo Tejeda
Santiago, Chile

La acusación constitucional en contra de la ministra Yasna Provoste y su aprobación en la Cámara de Diputados marca un cambio no previsto en el rol de los poderes del Estado. En efecto, a partir de ahora, y como una realidad de hecho, no es ya la Presidenta quien nombra y retiene o aleja a sus ministros o ministras: es decir, los nombra y los mantiene en sus cargos siempre y cuando disfruten de la confianza del Parlamento. Se trata nada más ni nada menos que del paso de un régimen presidencialista a un régimen parlamentario. ¿De quién es ahora ministro un secretario de Estado? ¿Quién es su jefe o su jefa? No sabemos si la Presidenta, que tiene la atribución constitucional, o el Parlamento, que con el deslizamiento de Adolfo Zaldívar y sus colorines hacia la oposición es ahora de mayoría no gobiernista y se muestra decidido a tumbar ministros. Con más votos, la vapuleada Concertación tiene -otra vez, como cuando aún vivía Augusto Pinochet- menos parlamentarios.

Yasna Provoste podrá haber sido una buena o una mala ministra, y el de Bachelet, un buen o mal gobierno, tomando en cuenta las políticas de educación que entre ambas han llevado adelante. Quienes debieran decidir si lo han hecho bien o mal son los ciudadanos con su voto en la próxima elección. Sin embargo lo que aquí ha ocurrido es otra cosa. Forzando las disposiciones a la manera de un partido de rugby, la oposición se ha marcado un tanto y ha roto unos cuantos huesos. Con un forcejeo similar comenzó el drama de Balmaceda, y así también ocurrió muchas veces en los turbulentos años de Allende. Se ha abierto claramente en el país una peligrosa brecha de ingobernabilidad.

Tenemos una oposición que -lógicamente, porque ha perdido las elecciones- no gobierna, pero que como se ha considerado siempre dueña del país percibe tal estado de cosas como ofensivo, y se ha matriculado con la seductora idea de no dejar gobernar. Al mismo tiempo, ha sido exitosa la Alianza en instalar la percepción de que Chile es un país muy corrupto. Las percepciones son eso, ideas que la gente que se hace al margen de los hechos o basándose en ellos, da igual. Con todo, Chile es el país percibido de lejos como el menos corrupto de América Latina, ocupando el puesto 22 de 163 del mundo en probidad pública. Pero en fin, la percepción de que somos corruptos, más el espectáculo de una Presidenta que ha dejado de ser libre para retener a sus ministros, conforman un escenario desde luego negativo para el país, muy malo para el gobierno, aunque muy agradable para unos partidos de oposición que no logran hacerse del gobierno juntando votos y necesitan ayudarse de otras herramientas.

La Constitución permite a los diputados acusar constitucionalmente a un ministro o ministra por "haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno". A simple vista no parece que el desorden contable de un Seremi, aunque sea cosa seria, esté en el nivel de gravedad que requiere una acusación constitucional; probablemente eso lo sabrán los expertos. Desórdenes en la administración pública nos irritan cada día, y si es por eso podríamos empezar a destituir no sólo a ministros sino a alcaldes, carabineros, diputados y lo que sea si consideramos que dejar las leyes sin ejecución es hacer las cosas negligentemente.

Tras la condena de Provoste -que debe ser ratificada por el Senado- hemos pasado a ser un país donde nadie sabe bien quién detenta el poder político. En parte parece ser esta una demostración de la fatiga de la Concertación, que lleva demasiados años gobernando, y ello, sumado al débil liderazgo de Bachelet, ha resultado en la fuga de los concertacionistas menos convencidos hacia las aguas opositoras. Aquello que se llamaba Concertación ya nadie sabe bien en qué consiste, y quizás éste es el primer efecto de esa volatilización de su proyecto.

El "provostazo", de no enmendarse en el Senado, lleva a Chile por un camino incierto, donde en lugar de debate y elaboración de políticas públicas asistiremos quizá a un detectivesco aluvión de comisiones investigadoras o acusadoras, a un empate fáctico y a un ir y venir para conseguir votitos tránsfugas de estos o aquellos parlamentarios que no saben si están a favor, en contra, por la demolición o por la fuga.

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