Ilegales se quedarán sin acceso al seguro médico

AP "Los indocumentados no merecen ser excluidos de semejante manera, pues se están violando derechos humanos esenciales, pues el derecho a la salud es un derecho humano", afirmó Paredes.

Pablo Calvi
Terra Magazine

No es casual que el mayor improperio dirigido contra un presidente estadounidense en el Congreso norteamericano, haya sido proferido en medio del debate por la reforma del sistema de salud. Y mucho menos casual aún resulta el hecho de que el improperio, dirigido contra Barack Obama por el republicano Joe Wilson, haya estallado luego de una referencia del presidente a la cobertura médica para inmigrantes indocumentados.

"Usted miente", gritó desaforado desde su banca Wilson, luego de que Obama asegurase una vez más ante los legisladores que la creación de un sistema público de salud no beneficiaría a uno solo entre los más de 22 millones de inmigrantes sin papeles que viven en el país.

Luego, claro, vinieron los pedidos de disculpas de parte del republicano. Pero la andanada de apoyos que levantó su grito en el Congreso tuvo un efecto inmediato en el ejecutivo, que desde el viernes pasado, en boca del secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, ha comenzado a endurecer aún más una postura altamente intransigente frente a la inmigración indocumentada.

Según Gibbs, Obama no sólo se opondrá a que los sin papeles puedan obtener cobertura de salud a través del sistema público. El presidente intentará además impedir que los inmigrantes ilegales se beneficien de acuerdos entre el sistema público y ciertas cooperativas de salud o incluso compañías privadas.

"Los inmigrantes ilegales no tendrán acceso al sistema", aseguró Gibbs el viernes pasado. Desde el Congreso, agregó, se generarán los mecanismos para verificar que los beneficiarios del sistema tengan su estatus migratorio al día.

"Yo creo que Obama intenta implementar algunos cambios para mejor, pero por debajo siguen estando los republicanos que impiden cualquier tipo de avance en temas de inmigración", dijo, consultado por
Terra Magazine, Oscar Paredes, director del Proyecto de Trabajadores Latinoamericanos, una organización que agrupa y asiste a trabajadores jornaleros en Brooklyn.

Según Paredes, las declaraciones de Gibbs, sumadas a la intensificación del programa creado por el acta 287 G (que le permite al gobierno delegar funciones de policía migratoria en las policías locales), generan mucha incertidumbre y racismo. "Muchos de nosotros tenemos estatus legal y habíamos apoyado a Obama esperando un cambio, pero ya prácticamente no vemos avances en esa dirección".

De acuerdo con varios expertos en temas de salud e inmigración, como John Sheila del Lewin Group, incluso hoy resulta difícil acceder a una cobertura sanitaria en los Estados Unidos si no se cuenta con la documentación inmigratoria en regla.

"Por eso mismo, muchos inmigrantes ilegales recurren a documentación falsa para acceder a las coberturas más básicas", explica.

Paredes concuerda con el experto, pero asegura que desde el PTLA, que agrupa a más de 6000 trabajadores en estatus precario, se han podido generar una serie de acuerdos con clínicas privadas, hospitales y centros de salud, para ofrecer cobertura a un costo relativamente bajo y con sólo mostrar una identificación generada por la misma asociación.

"Esto nos ha dado un resultado excelente en los últimos años", dice Paredes. "No hemos tenido ninguna queja y por suerte casi todos los tratamientos han tenido éxito".

Sin embargo, si la nueva ley de salud va en la dirección que desde hace una semana viene anunciando Obama, las clínicas y hospitales con los que tiene acuerdos la organización de trabajadores, estarán mucho más monitoreados desde el gobierno. Y, posiblemente, las posibilidades de acceder a un seguro médico sin papeles se reduzcan aún más para la golpeada comunidad de inmigrantes latinos.

"Desde ya que todo esto nos está afectando", asegura Paredes. "Los trabajadores indocumentados no merecen ser excluidos de semejante manera, pues desde mi punto de vista se están violando derechos humanos esenciales, pues el derecho a la salud es un derecho humano".

Paredes asegura sin embargo que desde varias organizaciones de trabajadores jornaleros, que se reunieron el mes pasado en Washington, seguirán intentando buscar alternativas para brindar seguros médicos y coberturas contra accidentes a los trabajadores sin papeles. Posiblemente, claro, sin asistencia estatal.

"A esta altura" -dice Paredes- "ya no tenemos prácticamente más esperanzas de que el gobierno haga nada por nosotros".